El
respeto a las decisiones de la
Justicia es primordial en un Estado de Derecho; ahora bien,
esta debe tener en cuenta consideraciones de humanidad si no quiere perder el
aprecio de los ciudadanos. Lo digo porque, como compostelano, me han apenado
profundamente los sollozos de una madre de tres hijos a quien se han imputado
“indicios de criminalidad” por algo que, como mínimo, implica una
interpretación extrema de normas legales. O sea, el que el constituya un delito votar a favor de que un ayuntamiento asuma la defensa jurídica de un concejal, con restitución de abonos caso de ser condenado. En presencia del Secretario del Ayuntamiento y sin su oposición expresa. El mismo día, en la misma prensa, leemos
el caso del Prestige donde se nos dice que el representante de la
administración es defendido a cuenta de la administración y que la discrepancia
es simplemente por determinadas facturas de hotel. Ningún ciudadano normal
tiene tan claro eso que para la señora fiscal es “patente, evidente, clamoroso”
¿verdad? Las personas normales, sin conocimientos jurídicos, no tienen la menor
obligación de interpretar complejas sentencias del Supremo (ante las que
incluso juristas avezados discutiríamos interminablemente). En este caso lo
decisivo es el informe del Secretario. Si este fue positivo, e incluso en el
caso de que fuese poco claro, si se remitió a determinada jurisprudencia sin
especificar cual era su concreta aplicación al caso, ninguna responsabilidad
puede afectar a los concejales. Lo contrario sería admitir que solo juristas
expertos, muy expertos, pueden formar parte de la corporación municipal
santiaguesa.
Tampoco
Jacques esta de acuerdo en que pueda sostenerse, como hace la señora fiscal, que la
decisión municipal fue SÍ: acceder a la defensa solicitada. Entiende que la
decisión fue NO. El acuerdo (no ejecutable sin memoria económica) estaba
abierto, era revisable de oficio y de hecho, fue revisado. Así es el derecho
municipal y no podemos reinventarlo. Creo que se hila muy fino en este caso,
demasiado, y quizás exista cierta obcecación, dicho sea con el debido respeto. Todos
los juristas con los que comenté el caso, y conozco alguno bueno, están de
acuerdo en que este asunto no tiene recorrido.
No
se trata de arrojarse críticas unos a otros sobre la “lentitud” de la
administración o de la justicia. Pero supongo que estaremos de acuerdo en que la
imputación “en globo” de todos los miembros de un órgano democrático es una
decisión excepcional. Désele un tratamiento excepcional, véase cuanto antes,
teniendo en consideración que estamos antes personas de perfil bajo, tanto en
lo político como en lo jurídico, que se ven mucho más afectadas por una “imputación”
aireada en la prensa local que por una sentencia condenatoria que, seamos
sinceros, es casi imposible que puede producirse.
Pero
no van a ser todas las críticas de Jacques a la Justicia : la concejal
doña María Pardo ha errado en atribuir una intencionalidad política a la
imputación. Las críticas a las resoluciones judiciales deben restringirse
siempre al ámbito lo jurídico. Lo contrario es perverso y atenta al principio
de división de poderes. La rectificación y disculpa posterior la honran y Jacques
la felicita por ello. Esté tranquila, que más pronto que tarde llegará la
rectificación de los tribunales. Todavía hay jueces en Berlín, independientes e
imparciales. Y sosegados.
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