jueves, 17 de octubre de 2013

TODAVÍA HAY JUECES EN SANTIAGO




         El respeto a las decisiones de la Justicia es primordial en un Estado de Derecho; ahora bien, esta debe tener en cuenta consideraciones de humanidad si no quiere perder el aprecio de los ciudadanos. Lo digo porque, como compostelano, me han apenado profundamente los sollozos de una madre de tres hijos a quien se han imputado “indicios de criminalidad” por algo que, como mínimo, implica una interpretación extrema de normas legales. O sea, el que el constituya un delito votar a favor de que un ayuntamiento asuma la defensa jurídica de un concejal, con restitución de abonos caso de ser condenado. En presencia del Secretario del Ayuntamiento y sin su oposición expresa. El mismo día, en la misma prensa, leemos el caso del Prestige donde se nos dice que el representante de la administración es defendido a cuenta de la administración y que la discrepancia es simplemente por determinadas facturas de hotel. Ningún ciudadano normal tiene tan claro eso que para la señora fiscal es “patente, evidente, clamoroso” ¿verdad? Las personas normales, sin conocimientos jurídicos, no tienen la menor obligación de interpretar complejas sentencias del Supremo (ante las que incluso juristas avezados discutiríamos interminablemente). En este caso lo decisivo es el informe del Secretario. Si este fue positivo, e incluso en el caso de que fuese poco claro, si se remitió a determinada jurisprudencia sin especificar cual era su concreta aplicación al caso, ninguna responsabilidad puede afectar a los concejales. Lo contrario sería admitir que solo juristas expertos, muy expertos, pueden formar parte de la corporación municipal santiaguesa.
         Tampoco Jacques esta de acuerdo en que pueda sostenerse, como hace la señora fiscal, que la decisión municipal fue SÍ: acceder a la defensa solicitada. Entiende que la decisión fue NO. El acuerdo (no ejecutable sin memoria económica) estaba abierto, era revisable de oficio y de hecho, fue revisado. Así es el derecho municipal y no podemos reinventarlo. Creo que se hila muy fino en este caso, demasiado, y quizás exista cierta obcecación, dicho sea con el debido respeto. Todos los juristas con los que comenté el caso, y conozco alguno bueno, están de acuerdo en que este asunto no tiene recorrido.
         No se trata de arrojarse críticas unos a otros sobre la “lentitud” de la administración o de la justicia. Pero supongo que estaremos de acuerdo en que la imputación “en globo” de todos los miembros de un órgano democrático es una decisión excepcional. Désele un tratamiento excepcional, véase cuanto antes, teniendo en consideración que estamos antes personas de perfil bajo, tanto en lo político como en lo jurídico, que se ven mucho más afectadas por una “imputación” aireada en la prensa local que por una sentencia condenatoria que, seamos sinceros, es casi imposible que puede producirse.

         Pero no van a ser todas las críticas de Jacques a la Justicia: la concejal doña María Pardo ha errado en atribuir una intencionalidad política a la imputación. Las críticas a las resoluciones judiciales deben restringirse siempre al ámbito lo jurídico. Lo contrario es perverso y atenta al principio de división de poderes. La rectificación y disculpa posterior la honran y Jacques la felicita por ello. Esté tranquila, que más pronto que tarde llegará la rectificación de los tribunales. Todavía hay jueces en Berlín, independientes e imparciales. Y sosegados.

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